UN PASEO POR LA HISTORIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO DE ESPAÑA.

 En todas las épocas desde la Prehistoria, en los distintos pueblos de la Península Ibérica han existido personas que han amado a otras del mismo sexo, o los han deseado o lo han hecho indistintamente. También personas que no se han sentido identificadas con el sexo asignado o que al nacer han interpretado mal su género. Y no siempre se les ha reprimido.

Antes de la romanización de la península, en las distintas tribus se podía ver
mujeres que salían a cazar o a luchar junto a los guerreros, como una más,
mientras que había hombres que se quedaban cuidando a los niños y
curando a los enfermos. Ello fue visto con gran escándalo por parte de los
primeros exploradores, especialmente por los Pompeyo. Las leyes romanas
no castigaban ni las relaciones homosexuales, ni la transexualidad, pero los
hombres más femeninos o las lesbianas eran fruto de escarnio. Al final del
imperio las corrientes neoplatónicas y estoicas se unieron al cristianismo para
rechazarlo al considerarlo antinatural y contrario a la ley de dios, fue entonces
cuando se realizaron las primeras leyes penalizantes, leyes recogidas
después en las recopilaciones visigóticas. En el siglo XIII aparecieron los
primeros fueros o usos (Usatges) que dejaron de contemplar cualquier
penalización.

Las primeras leyes que condenaron la sodomia fueron las Partidas de Alfonso
X el sabio (que no se aplicaron por invadir competencias de las ciudades) y
las leyes decretales del papa Gregorio IX (1230) de obligado cumplimiento
para los reinos cristianos. Apenas se aplicaron y cuando lo hicieron fue para
reprimir grupos o personas contrarias, como contra los templarios.
La primera ley que condenaba la sodomia fue promulgada por los Reyes
Católicos en 1499, Pragmática que afectó al reino de Castilla y los territorios
de Ultramar. 

Las 7 Partidas de Alfonso X

En los reinos de la Corona de Aragón se dieron las
competencias al Santo Oficio a partir de 1525, aunque sus leyes no se
promulgaron hasta el reinado de Felipe II. Centenares de personas fueron
quemadas, especialmente en Zaragoza, València o Sevilla. La Inquisición fue
disuelta en 1820, y la Constitución de 1848 despenalizó la homosexualidad.

Salvo un breve período al final de la dictadura de Primo de Rivera, las
relaciones homosexuales no fueron penalizadas hasta 1954, mediante la Ley
de Vagos y Maleantes, antes solo el Código Militar las contemplaba como
crimen. En 1970 apareció la Ley de Peligrosidad Social, una ley con voluntad
preventiva que quería condenar por ser y no por hacer. Durante esta época la
mayor herramienta represiva fue la policía, las constantes redadas hicieron
pasar por las comisarías a miles de homosexuales y transexuales, recibiendo
vejaciones, malos tratos y en alguna ocasión violaciones. A disposición
pasaban los detenidos con pocos medios, ante el juez no tenían derecho a
defensa y al acabar la condena eran desterrados de sus poblaciones.
La LPS motivó la aparición del primer activismo en Catalunya, AGHOIS, que
más tarde fue la base del Frente Español de Liberación Homosexual. Al final
del franquismo aparecieron las primeras asociaciones, en 1977 el FAGC llegó
a tener cerca de mil afiliados.

En 1978 se eliminó la palabra homosexual de la LPS, pero siguieron las
redadas, especialmente contra transexuales. Los jueces dejaron de dictar
sentencias mucho antes.

La aparición del sida (1981) y el asesinato de Sonia Rescalvo en Barcelona
(1991), obligó a entidades y organismos políticos a modificar actuaciones y
leyes. Así aparecieron las leyes de parejas de hechos en distintas
autonomías y la aprobación de la igualdad de derechos a la hora de formar
matrimonio en el 2005 por el gobierno Zapatero.

A inicios del 2002 se descubrió que personas condenadas por mantener
relaciones homosexuales, aún tenían antecedentes penales. Algunas
autonomías elaboraron leyes contra la LGTBfóbia y para defender los
derechos de las personas trans, pero la falta de una ley estatal dificulta su
aplicación real. En el caso de la ley trans, el feminismo TERF se opone
rotundamente a su reconocimiento.

Hoy junto a un pleno reconocimiento de los derechos de las personas LGTB,
una coeducación que visibilice la diversidad sexual y de género y una
atención específica en los centros sanitarios y residencias a las personas
LGTBI, la mayor preocupación está en el aumento de grupos de extrema
derecha que van entrando en instituciones proclamando su veto a cualquier
reconocimiento e intentando acabar con todos los programas y ayudas que se
han realizado hasta hoy, auge que también se sufre en la calle con un
constante aumento de las agresiones a personas LGTBI.